El presidente Felipe Calderón promulgó el 31 de enero pasado la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual es obligatoria para todo el país e incluye todos los tipos de violencia de género: psicológica, patrimonial, económica, física, laboral, institucional, sexual y de pareja.
Además, el anuncio del Presidente en tierras yucatecas de que se traducirá a todas las lenguas indígenas, “para que todas las mujeres conozcan y ejerzan sus derechos”, es señal de que se empieza a comprender la importancia de combatir, sobre todo de prevenir este terrible mal social.
Y es que la violencia es un lastre que impide a cualquier nación avanzar hacia el progreso y en México las cifras no son nada optimistas. Para muestra está “el botón” del estado de Yucatán.
Según el análisis de la “Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares” que dio a conocer Milagros Herrero Buchanan, directora del Instituto de Equidad y Género del Estado, hay 120,000 casos conocidos de mujeres que sufren violencia.
Los números preocupan, pues son cifras de denuncias conocidas y no se incluyen casos, sobre todo familiares, sin denunciar.
Es un hecho comprobado que las víctimas de la violencia no pueden criar a niños felices.
Y es en serio: todas las personas, desafortunadamente, reproducen en la calle lo que aprenden en la casa. Es falso eso de que una persona violenta en el interior de su familia sea armónica en sus relaciones fuera del ámbito familiar. No, ¡nunca cambiará!
La violencia se ha hecho presente en Yucatán y, aunque podemos ponerle cualquier nombre: cortina de humo, narcotráfico, terrorismo político, etcétera, es un hecho que tiene su raíz, su inicio, en la educación familiar y en cómo se enseña a las personas a interactuar en la sociedad. ¿Hasta cuándo entenderemos esto?
La Ley ya está promulgada, pero ahora falta regular su aplicación. Es urgente que nuestros legisladores y autoridades locales creen y apliquen mecanismos eficaces y accesibles que propicien el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos de las mujeres.
De los ciudadanos dependen hoy la familia, el pueblo, la ciudad, el estado, el país y el mundo. Entre enseñar a vivir aterrorizado, defendiéndose y esperando en qué momento vendrá el golpe mortal, y enseñar la sana convivencia y el respeto, pilares de la sociedad, prefiero lo segundo, pues a la larga da más satisfacción y una visión más optimista del futuro.
La violencia contra las mujeres conlleva un alto costo social y económico para el desarrollo individual y colectivo en las naciones, y afecta las perspectivas de las futuras generaciones para vivir libres de violencia, desde la familiar hasta aquella que es tolerada y perpetrada por el Estado.
Remate
La nueva Ley, en su artículo octavo transitorio, pide a las legislaturas de los estados, “en un marco de coordinación”, que promuevan las reformas necesarias en la legislación local previstas en las fracciones II y XX del artículo 49 de la propia ley proclamada, en un término de seis meses, “contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley”. Tenemos una oportunidad de oro en Yucatán para combatir de manera directa y en serio este problema social. El Congreso ya carga iniciativas sobre todo esto en la mesa del análisis, pero aún no responde; estamos seguros de que lo hará... ¿será esto posible?— Mérida, Yucatán.
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