La lucha por desarrollar una cultura de los derechos humanos que busque la equidad entre las personas hace más notoria hoy la violencia familiar, lo cual ocasiona que ésta tome otra dimensión.
En nuestro medio, el problema se ve cada vez más como una enfermedad social, pues más sectores resienten sus consecuencias en la salud, en el funcionamiento de las familias, en el desarrollo de las comunidades, del Estado y, por tanto, en el desarrollo del país.
En México, como en otros países, la violencia es reconocida como un problema de salud pública ya que impacta a la salud de las personas en todas las áreas de su desarrollo. Así lo demuestran los datos estadísticos de investigaciones en diferentes países, los cuales han demostrado la amenaza que significa para la salud de mujeres, niñas, niños, adolescentes, embarazadas, adultos mayores y gente discapacitada.
Yucatán cuenta con un panorama epidemiológico para este problema, pero sólo de los casos que acuden a las unidades de salud a solicitar atención médica posterior a la agresión familiar.
De acuerdo con algunas cifras, en 2001 se reportó un total de 45 casos de violencia, y en 2002, 56. Los grupos de edad más afectados son los de 20 a 24 años y de 25 a 44 años, con importante predominio en el sexo femenino, principalmente en el hogar.
En 2005 se reportaron 159 casos y en 2006, 449; este aumento se debió a que los médicos ya detectan la violencia y la registran. Aparentemente las cifras son “mínimas”, pero no se contemplan las que fueron denunciadas ante la autoridad judicial y menos las que en medio del terror nunca se denunciaron ni se denunciarán.
La participación de fenómenos relacionados con los cambios sociales, culturales y medios de comunicación son algunas de las razones por las que la desintegración familiar se vuelve cada vez más un tema complejo.
De acuerdo con la académica de la Universidad Autónoma de Yucatán Dora Ayora Talavera, los medios de comunicación y el contacto con otras culturas contribuyen en la elección de otros tipos de vida familiar. “El impacto de los medios (de comunicación) se refleja en la convivencia. La televisión y el Internet propician que la familia ya no sea como antes, que sus integrantes tiendan al individualismo y al aislamiento”.
Un ejemplo de esto lo encontramos cuando la familia, en vez de salir a pasear, prefiere quedarse en casa con el padre sentado ante la computadora; la madre, ante la televisión, y los hijos frente a los videojuegos. ¡Todos están juntos, pero nadie convive!
La violencia familiar afecta a todos los ámbitos sociales del desarrollo, empezando por la misma familia, en especial a grupos vulnerables: niños, discapacitados, adultos mayores e indígenas. Las estadísticas no engañan, en Yucatán hay un elevado número de violencia familiar y los más agresores son los hombres.
Ante la falta de acciones institucionales directas, organizaciones no gubernamentales trabajan para cubrir los vacíos dejados por el gobierno y, en la práctica, han sido estos grupos los que exigen políticas públicas para atender la violencia.
Son las autoridades las que deben promover y difundir las acciones que en el país se realicen.
Hay que tomar en cuenta que lo que llamamos “cifras” en relación con este problema, en realidad son vidas que están en peligro latente a causa de golpes y maltratos. Por eso, para atender de manera real e integral este problema, se requiere la concurrencia de todos: gobierno, empresarios, escuelas, asistencia social y de salud, las ONG, etcétera, en un trabajo sostenido.
Las autoridades difícilmente podrán hablar de que se estén revirtiendo las cifras de violencia, porque no hacen un trabajo exitoso, y porque al parecer carecen de voluntad política.
Es urgente que se promuevan acciones en todo el Estado para que se conozcan las normas y las obligaciones, a fin de que luego todos los actores participen asumiendo su responsabilidad.
A fin de cuentas, y siempre lo hemos dicho, nuestra sociedad tiene su fundamento en la familia, pero de una familia destruida, donde la violencia es su razón, no se puede esperar nada más que violencia. Porque lo que en la familia recibimos, eso mismo damos a la sociedad, así la construimos. ¿Por qué entonces nos quejamos de la violencia que vemos, si no luchamos para erradicar la que vemos en casa?
Remate
De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de las 32 entidades federativas del país, 24 regulan la violencia familiar, mientras que ocho no la contemplan en sus legislaciones. Además, en 27 entidades se establece la violencia familiar como delito penal y sólo en 13 códigos penales se tipifica la violencia entre cónyuges. La violencia doméstica es un problema más grave de lo que se cree; incluso la preocupación se vuelve terror al descubrir a muchos niños y adolescentes en la escuela que piden ayuda ante una situación de maltrato; resultan muchos más los casos reales de los que se cree. La labor empieza en casa, pero si ahí no hay el refugio para el crecimiento sano e integral de las personas, es mejor pedir ayuda, pues es obligación de las autoridades no sólo castigar, sino también defender y proteger a las víctimas.— Mérida, Yucatán.
aaldaz@dy.sureste.comEn nuestro medio, el problema se ve cada vez más como una enfermedad social, pues más sectores resienten sus consecuencias en la salud, en el funcionamiento de las familias, en el desarrollo de las comunidades, del Estado y, por tanto, en el desarrollo del país.
En México, como en otros países, la violencia es reconocida como un problema de salud pública ya que impacta a la salud de las personas en todas las áreas de su desarrollo. Así lo demuestran los datos estadísticos de investigaciones en diferentes países, los cuales han demostrado la amenaza que significa para la salud de mujeres, niñas, niños, adolescentes, embarazadas, adultos mayores y gente discapacitada.
Yucatán cuenta con un panorama epidemiológico para este problema, pero sólo de los casos que acuden a las unidades de salud a solicitar atención médica posterior a la agresión familiar.
De acuerdo con algunas cifras, en 2001 se reportó un total de 45 casos de violencia, y en 2002, 56. Los grupos de edad más afectados son los de 20 a 24 años y de 25 a 44 años, con importante predominio en el sexo femenino, principalmente en el hogar.
En 2005 se reportaron 159 casos y en 2006, 449; este aumento se debió a que los médicos ya detectan la violencia y la registran. Aparentemente las cifras son “mínimas”, pero no se contemplan las que fueron denunciadas ante la autoridad judicial y menos las que en medio del terror nunca se denunciaron ni se denunciarán.
La participación de fenómenos relacionados con los cambios sociales, culturales y medios de comunicación son algunas de las razones por las que la desintegración familiar se vuelve cada vez más un tema complejo.
De acuerdo con la académica de la Universidad Autónoma de Yucatán Dora Ayora Talavera, los medios de comunicación y el contacto con otras culturas contribuyen en la elección de otros tipos de vida familiar. “El impacto de los medios (de comunicación) se refleja en la convivencia. La televisión y el Internet propician que la familia ya no sea como antes, que sus integrantes tiendan al individualismo y al aislamiento”.
Un ejemplo de esto lo encontramos cuando la familia, en vez de salir a pasear, prefiere quedarse en casa con el padre sentado ante la computadora; la madre, ante la televisión, y los hijos frente a los videojuegos. ¡Todos están juntos, pero nadie convive!
La violencia familiar afecta a todos los ámbitos sociales del desarrollo, empezando por la misma familia, en especial a grupos vulnerables: niños, discapacitados, adultos mayores e indígenas. Las estadísticas no engañan, en Yucatán hay un elevado número de violencia familiar y los más agresores son los hombres.
Ante la falta de acciones institucionales directas, organizaciones no gubernamentales trabajan para cubrir los vacíos dejados por el gobierno y, en la práctica, han sido estos grupos los que exigen políticas públicas para atender la violencia.
Son las autoridades las que deben promover y difundir las acciones que en el país se realicen.
Hay que tomar en cuenta que lo que llamamos “cifras” en relación con este problema, en realidad son vidas que están en peligro latente a causa de golpes y maltratos. Por eso, para atender de manera real e integral este problema, se requiere la concurrencia de todos: gobierno, empresarios, escuelas, asistencia social y de salud, las ONG, etcétera, en un trabajo sostenido.
Las autoridades difícilmente podrán hablar de que se estén revirtiendo las cifras de violencia, porque no hacen un trabajo exitoso, y porque al parecer carecen de voluntad política.
Es urgente que se promuevan acciones en todo el Estado para que se conozcan las normas y las obligaciones, a fin de que luego todos los actores participen asumiendo su responsabilidad.
A fin de cuentas, y siempre lo hemos dicho, nuestra sociedad tiene su fundamento en la familia, pero de una familia destruida, donde la violencia es su razón, no se puede esperar nada más que violencia. Porque lo que en la familia recibimos, eso mismo damos a la sociedad, así la construimos. ¿Por qué entonces nos quejamos de la violencia que vemos, si no luchamos para erradicar la que vemos en casa?
Remate
De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de las 32 entidades federativas del país, 24 regulan la violencia familiar, mientras que ocho no la contemplan en sus legislaciones. Además, en 27 entidades se establece la violencia familiar como delito penal y sólo en 13 códigos penales se tipifica la violencia entre cónyuges. La violencia doméstica es un problema más grave de lo que se cree; incluso la preocupación se vuelve terror al descubrir a muchos niños y adolescentes en la escuela que piden ayuda ante una situación de maltrato; resultan muchos más los casos reales de los que se cree. La labor empieza en casa, pero si ahí no hay el refugio para el crecimiento sano e integral de las personas, es mejor pedir ayuda, pues es obligación de las autoridades no sólo castigar, sino también defender y proteger a las víctimas.— Mérida, Yucatán.
http://angelaldazg.blogspot.com/
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