Aunque el 12 de enero el Diario advirtió que la falta del convenio de colaboración en materia de transporte urbano entre el Ejecutivo y el Ayuntamiento ya tenía un impacto económico en el erario, pues desde el 31 de diciembre de 2007 el Departamento de Transporte Municipal no aplica multas a los operadores y permisionarios infractores, en la realidad el impacto es aún mayor no por un vacío o laguna en la ley, sino porque los responsables de hacer cumplir la ley aún no asumen sus funciones.
Tristemente, en el debate político —perdón, no encuentro otra palabra para calificarlo— de si el Ayuntamiento acepta o no las condiciones del gobierno del Estado para la firma de un acuerdo que permita seguir el trabajo de vigilancia, control y sanción del sistema de transporte público, todos sufrimos las consecuencias de una total anarquía en este asunto.
Y es que, pese a que los inspectores de transporte del Ayuntamiento continúan la vigilancia de rutina para que los choferes respeten las normas de este servicio, el plan de paraderos de ascenso y descenso en el Centro y el cobro de tarifas autorizadas, ciertamente no tienen las facultades para aplicar la ley e imponer las sanciones respectivas a los choferes y concesionarios del transporte.
Hay que decirlo: al no tener el Ayuntamiento las facultades de vigilancia, control y sanción del transporte público de pasajeros, los ciudadanos vivimos en tierra de nadie, pues los choferes actúan, hacen y deshacen, cometen infracciones y se burlan de las autoridades municipales, pues saben que éstas nada pueden hacer en términos de la ley, mientras el mentado convenio siga entrampado en un juego político sin razón.
Un ejemplo de esto que hoy sufrimos sucedió ayer viernes 18, cuando un camionero con antecedentes penales de la empresa Minis 2000, ruta “Chuburná 21” —por cierto, rodeada de muchas denuncias ciudadanas—, atropelló y dio muerte a una mujer en pleno centro de nuestra ciudad.
No somos peritos, pero hemos podido consultar a los expertos y lo que se reconoce es que es imposible pensar que circulando a una velocidad moderada, la permitida para esa zona de la ciudad, alguien pudiera atropellar y dar muerte a un peatón, aun cuando se reconozca la irresponsabilidad de este último a la hora de cruzar la calle.
Las autoridades no han entendido la voz ciudadana. Ya basta de pensar que el poder sirve para entrampar y hacer sólo lo que convenga a los intereses personales, lejos del bien común.
Hay un hecho: por impedimento de ley, porque carece de facultades, hoy el Ayuntamiento no aplica las multas a los infractores y por consiguiente todos los involucrados en este servicio se burlan de la autoridad.
Pero, efectivamente, no existe ningún vacío legal, pues la ley es clara al decir que las facultades de control, organización, sanción, etcétera, del transporte público pertenecen al gobierno del Estado, quien puede delegar algunos de estos derechos al Ayuntamiento para aliviar la carga que esto representa. Es sólo sentido común y de colaboración, es buscar el bien común. Vale preguntar: ¿por qué no hacen la tarea?
Para que usted se dé una idea de este enredo: de la fecha de vencimiento del último convenio, el 31 de diciembre de 2007, a hoy, a diario se dejan de aplicar, cuando menos, unas 35 multas al día, es decir unas 665 boletas en los primeros 19 días de este año.
Si observamos en los paraderos públicos, los inspectores de la Dirección de Transporte del Estado, pese a que se sabe que aún no existe convenio alguno firmado con el Ayuntamiento, no han asumido el control ni la vigilancia del transporte de la ciudad.
Y el problema sigue, pues algunos regidores consideran que la polémica desatada por este asunto aumentará, porque el gobierno del Estado también quiere controlar la autorización de las ampliaciones de rutas, pese a que el Ayuntamiento rige el desarrollo urbano de Mérida.
Amén de las discusiones, ya estamos cansados de que todos hablen y hablen a su favor, pero no demuestren voluntad para solucionar los problemas. Los ciudadanos ya estamos hartos de que la historia del transporte urbano sea la de un camino mal trazado, pero peor, que cada día ese camino empeore con las rocas que de pronto surgen para obstaculizar la llegada de soluciones.
Nadie se pone de acuerdo, pero tampoco nadie quiere asumir la responsabilidad en este problema; mientras tanto, tristemente seguiremos viendo accidentes como éste en el que, al final, el único responsable de las irresponsabilidades de las autoridades, aunque no queramos, es el ciudadano. ¿Hasta cuándo?
Remate
El juego político está en movimiento para todos los partidos del estado. Qué triste que todos los actores del quehacer público se ocupen en resolver sus problemas para lograr, al final de cuentas, un buen capital político; la interpretación que doy a este “capital político” es “mejor ingreso económico” para ellos, es decir, poder. Mientras tanto, los ciudadanos, como los chinitos, sólo estamos milando, calladitos; la sociedad es la base del quehacer público, ¿hasta cuándo se entenderá? situaciones como el infortunado accidente del viernes no deben suceder jamás. Una cosa es cierta, Yucatán se está conformando con su realidad y está dejando pasar la oportunidad de cambiar muchas cosas; es el momento, sólo falta fajarse los pantalones para actuar, ¿podremos hacerlo?— Mérida, Yucatán.
aaldaz@dy.sureste.com
http://angelaldazg.blogspot.com/
Tristemente, en el debate político —perdón, no encuentro otra palabra para calificarlo— de si el Ayuntamiento acepta o no las condiciones del gobierno del Estado para la firma de un acuerdo que permita seguir el trabajo de vigilancia, control y sanción del sistema de transporte público, todos sufrimos las consecuencias de una total anarquía en este asunto.
Y es que, pese a que los inspectores de transporte del Ayuntamiento continúan la vigilancia de rutina para que los choferes respeten las normas de este servicio, el plan de paraderos de ascenso y descenso en el Centro y el cobro de tarifas autorizadas, ciertamente no tienen las facultades para aplicar la ley e imponer las sanciones respectivas a los choferes y concesionarios del transporte.
Hay que decirlo: al no tener el Ayuntamiento las facultades de vigilancia, control y sanción del transporte público de pasajeros, los ciudadanos vivimos en tierra de nadie, pues los choferes actúan, hacen y deshacen, cometen infracciones y se burlan de las autoridades municipales, pues saben que éstas nada pueden hacer en términos de la ley, mientras el mentado convenio siga entrampado en un juego político sin razón.
Un ejemplo de esto que hoy sufrimos sucedió ayer viernes 18, cuando un camionero con antecedentes penales de la empresa Minis 2000, ruta “Chuburná 21” —por cierto, rodeada de muchas denuncias ciudadanas—, atropelló y dio muerte a una mujer en pleno centro de nuestra ciudad.
No somos peritos, pero hemos podido consultar a los expertos y lo que se reconoce es que es imposible pensar que circulando a una velocidad moderada, la permitida para esa zona de la ciudad, alguien pudiera atropellar y dar muerte a un peatón, aun cuando se reconozca la irresponsabilidad de este último a la hora de cruzar la calle.
Las autoridades no han entendido la voz ciudadana. Ya basta de pensar que el poder sirve para entrampar y hacer sólo lo que convenga a los intereses personales, lejos del bien común.
Hay un hecho: por impedimento de ley, porque carece de facultades, hoy el Ayuntamiento no aplica las multas a los infractores y por consiguiente todos los involucrados en este servicio se burlan de la autoridad.
Pero, efectivamente, no existe ningún vacío legal, pues la ley es clara al decir que las facultades de control, organización, sanción, etcétera, del transporte público pertenecen al gobierno del Estado, quien puede delegar algunos de estos derechos al Ayuntamiento para aliviar la carga que esto representa. Es sólo sentido común y de colaboración, es buscar el bien común. Vale preguntar: ¿por qué no hacen la tarea?
Para que usted se dé una idea de este enredo: de la fecha de vencimiento del último convenio, el 31 de diciembre de 2007, a hoy, a diario se dejan de aplicar, cuando menos, unas 35 multas al día, es decir unas 665 boletas en los primeros 19 días de este año.
Si observamos en los paraderos públicos, los inspectores de la Dirección de Transporte del Estado, pese a que se sabe que aún no existe convenio alguno firmado con el Ayuntamiento, no han asumido el control ni la vigilancia del transporte de la ciudad.
Y el problema sigue, pues algunos regidores consideran que la polémica desatada por este asunto aumentará, porque el gobierno del Estado también quiere controlar la autorización de las ampliaciones de rutas, pese a que el Ayuntamiento rige el desarrollo urbano de Mérida.
Amén de las discusiones, ya estamos cansados de que todos hablen y hablen a su favor, pero no demuestren voluntad para solucionar los problemas. Los ciudadanos ya estamos hartos de que la historia del transporte urbano sea la de un camino mal trazado, pero peor, que cada día ese camino empeore con las rocas que de pronto surgen para obstaculizar la llegada de soluciones.
Nadie se pone de acuerdo, pero tampoco nadie quiere asumir la responsabilidad en este problema; mientras tanto, tristemente seguiremos viendo accidentes como éste en el que, al final, el único responsable de las irresponsabilidades de las autoridades, aunque no queramos, es el ciudadano. ¿Hasta cuándo?
Remate
El juego político está en movimiento para todos los partidos del estado. Qué triste que todos los actores del quehacer público se ocupen en resolver sus problemas para lograr, al final de cuentas, un buen capital político; la interpretación que doy a este “capital político” es “mejor ingreso económico” para ellos, es decir, poder. Mientras tanto, los ciudadanos, como los chinitos, sólo estamos milando, calladitos; la sociedad es la base del quehacer público, ¿hasta cuándo se entenderá? situaciones como el infortunado accidente del viernes no deben suceder jamás. Una cosa es cierta, Yucatán se está conformando con su realidad y está dejando pasar la oportunidad de cambiar muchas cosas; es el momento, sólo falta fajarse los pantalones para actuar, ¿podremos hacerlo?— Mérida, Yucatán.
aaldaz@dy.sureste.com
http://angelaldazg.blogspot.com/
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