La violencia es hoy el primer problema social —y el principal de salud pública— que involucra a todos y afecta a la vida nacional tanto, que se habla de una “cultura de violencia” cuya cuna es el maltrato intrafamiliar.
En las verdaderas relaciones de pareja se permite el surgimiento del conflicto abierto, siempre que de manera civilizada, con el diálogo, se resuelvan las diferencias.
Es triste reconocer que la violencia conyugal sucede con mucho más frecuencia y es difícil verla, medirla y evidenciarla, pues ocurre en el ámbito de lo privado y no se reporta en toda su magnitud ante los organismos oficiales de apoyo a la familia o las autoridades judiciales. Además, por el lado de las víctimas, hay un gran porcentaje de mujeres que no denuncia.
Víctima y victimario son personas que se supone que se aman, o se amaban, pero, repetimos, los conflictos no son observables, no hay discusión abierta de ellos y por eso el poder controlador no encuentra límites, salvo los que ponga la “ética personal”. Recordemos que es en la intimidad donde se puede ser violento o amoroso.
Es cierto que la conciliación familiar no aparecerá como el resultado milagroso ante la magnitud de la violencia conyugal, pero las instituciones de gobierno enfocadas a proteger a la familia y la salud pública pueden contribuir con ello a las políticas públicas y a intervenir con la orientación y la protección de quienes enfrentan el maltrato.
Hay que recordar que en los casos de violencia la mujer no es la única receptora del maltrato, sino también los hijos.
La denuncia, pues, depende de la percepción cultural de que se trata de un delito, de la confianza en las instituciones para denunciar y, sobre todo, de la decisión de la víctima para hacerlo..., pero las mujeres callan, no se atreven a acusar y a señalar, ¿por qué?
Toda esta reflexión viene a propósito del comentario que el señor Gerardo Lira hizo el viernes pasado en “Voces del público”: “¿Para qué se hacen las campañas si el Ministerio Público necesita que las mujeres agredidas lleguen desangrándose a poner su denuncia para que se imparta justicia? Por eso muchas personas no denuncian, para qué, si no hay justicia en Yucatán, y me imagino que lo mismo pasa en todo México...”.
En el sistema de justicia mexicano, las modificaciones para “proteger” a los más indefensos que son violentados aún no entran en la cabeza de quienes son responsables de prevenir y proteger a las víctimas, pero sobre todo de castigar a los victimarios.
Con esta realidad en las narices, preguntamos: ¿Qué falta hacer? ¿Es suficiente dictaminar una ley, promulgarla y dejarla al “cumplimiento” en manos de quién sabe quien? ¿Cómo hacer que la autoridad entienda que su obligación es actuar en defensa del ciudadano?
Es una vergüenza escuchar respuestas como las recibidas por la prima del señor Lira, ante su decisión de denunciar un abuso. ¿Será que realmente nuestras leyes están hechas con malicia, para proteger al delincuente y aplastar a la víctima, como mucha gente dice?
La defensa del débil es una obligación inalienable que deben cumplir los verdaderos servidores públicos, pues el título “servidor” no se refiere a quien se sirve de otros, sino a aquel que sirve a todos.
Remate
En medio de tanta situación de violencia, de propuestas sin sentido, como el “aborto legal”, de crímenes perpetrados por el ser humano contra el ser humano, suena fresco, nuevo y renovador escuchar la voz de alguien a favor de la mujer cuando dice: “Soy un hombre y me duelen sus heridas; nunca olvido aquel consejo de mi padre: 'Pégale a la pared..., pero nunca a una mujer'” (Reyli). Ante la violencia de género, es quizás el mejor consejo que últimamente he escuchado.— Mérida, Yucatán.
aaldaz@dy.sureste.com
http://angelaldazg.blogspot.com/
(Publicado en el Diario de Yucatán el 23 de abril de 2007)
En las verdaderas relaciones de pareja se permite el surgimiento del conflicto abierto, siempre que de manera civilizada, con el diálogo, se resuelvan las diferencias.
Es triste reconocer que la violencia conyugal sucede con mucho más frecuencia y es difícil verla, medirla y evidenciarla, pues ocurre en el ámbito de lo privado y no se reporta en toda su magnitud ante los organismos oficiales de apoyo a la familia o las autoridades judiciales. Además, por el lado de las víctimas, hay un gran porcentaje de mujeres que no denuncia.
Víctima y victimario son personas que se supone que se aman, o se amaban, pero, repetimos, los conflictos no son observables, no hay discusión abierta de ellos y por eso el poder controlador no encuentra límites, salvo los que ponga la “ética personal”. Recordemos que es en la intimidad donde se puede ser violento o amoroso.
Es cierto que la conciliación familiar no aparecerá como el resultado milagroso ante la magnitud de la violencia conyugal, pero las instituciones de gobierno enfocadas a proteger a la familia y la salud pública pueden contribuir con ello a las políticas públicas y a intervenir con la orientación y la protección de quienes enfrentan el maltrato.
Hay que recordar que en los casos de violencia la mujer no es la única receptora del maltrato, sino también los hijos.
La denuncia, pues, depende de la percepción cultural de que se trata de un delito, de la confianza en las instituciones para denunciar y, sobre todo, de la decisión de la víctima para hacerlo..., pero las mujeres callan, no se atreven a acusar y a señalar, ¿por qué?
Toda esta reflexión viene a propósito del comentario que el señor Gerardo Lira hizo el viernes pasado en “Voces del público”: “¿Para qué se hacen las campañas si el Ministerio Público necesita que las mujeres agredidas lleguen desangrándose a poner su denuncia para que se imparta justicia? Por eso muchas personas no denuncian, para qué, si no hay justicia en Yucatán, y me imagino que lo mismo pasa en todo México...”.
En el sistema de justicia mexicano, las modificaciones para “proteger” a los más indefensos que son violentados aún no entran en la cabeza de quienes son responsables de prevenir y proteger a las víctimas, pero sobre todo de castigar a los victimarios.
Con esta realidad en las narices, preguntamos: ¿Qué falta hacer? ¿Es suficiente dictaminar una ley, promulgarla y dejarla al “cumplimiento” en manos de quién sabe quien? ¿Cómo hacer que la autoridad entienda que su obligación es actuar en defensa del ciudadano?
Es una vergüenza escuchar respuestas como las recibidas por la prima del señor Lira, ante su decisión de denunciar un abuso. ¿Será que realmente nuestras leyes están hechas con malicia, para proteger al delincuente y aplastar a la víctima, como mucha gente dice?
La defensa del débil es una obligación inalienable que deben cumplir los verdaderos servidores públicos, pues el título “servidor” no se refiere a quien se sirve de otros, sino a aquel que sirve a todos.
Remate
En medio de tanta situación de violencia, de propuestas sin sentido, como el “aborto legal”, de crímenes perpetrados por el ser humano contra el ser humano, suena fresco, nuevo y renovador escuchar la voz de alguien a favor de la mujer cuando dice: “Soy un hombre y me duelen sus heridas; nunca olvido aquel consejo de mi padre: 'Pégale a la pared..., pero nunca a una mujer'” (Reyli). Ante la violencia de género, es quizás el mejor consejo que últimamente he escuchado.— Mérida, Yucatán.
aaldaz@dy.sureste.com
http://angelaldazg.blogspot.com/
(Publicado en el Diario de Yucatán el 23 de abril de 2007)
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